En todo el mundo, la comunidad LGBT ha formado parte de los grupos históricamente discriminados. Aunque aún hay muchos países que penalizan incluso con la muerte las relaciones entre personas del mismo sexo, hay otro grupo de naciones, mayoritariamente democracias liberales, en los que se han establecido derechos y normas pro-inclusión de las personas de las diversidades sexuales y de género, a través de reconocimiento cultural y legislaciones que les protegen. Chile no ha sido ajeno a estos avances y aunque muchos lectores podrían presumir que esto ha sido mérito exclusivo de gobiernos de izquierdas o progresistas, en el caso chileno importantes legislaciones y apoyos políticos se han concretado con compromisos y acciones concretas desde/de la centroderecha. Es así como este articulo realizará un recorrido breve por la historia y revisión de la legislación chilena en temas LGBT, y abordar los aportes de estos partidos políticos al escenario actual.
Para poner en contexto lo que ha significado el avance en derechos LGBT en Chile, es necesario indicar que, a nivel cultural y político, Chile posee una tradición histórico-cultural con fuerte influencia de la iglesia católica en la vida pública, y en las últimas décadas también irrumpió la iglesia evangélica, al igual que en varios países de Latinoamérica, aunque ésta ha tenido mayor aceptación en los sectores sociales más vulnerables de la sociedad. Estas influencias se mantienen hasta la actualidad en la vida política. Hoy en Chile hay congresistas de partidos de derecha y centroderecha que se identifican como representantes de las iglesias, lo que se traduce en que no exista una separación entre política y religión.
Desde la década de los ‘60s en Chile se generó una persecución política y social a las personas pertenecientes al colectivo LGBT, que incluía violencia física, represión de la autoridad, y escarnio en medios de comunicación, por “atentar contra la moral y las buenas costumbres”, norma lega l que en la práctica se usaba para castigar la homosexualidad, a las personas trans, y en general, toda conducta que escapara de la heteronorma. No había ningún reconocimiento político. Es pública la historia de Rolando Jiménez, un reconocido activista chileno que militaba en el partido Comunista, y que no pudo acceder a cargos de dirigencia internos por ser gay. Ya en la década de los ‘90, durante los primeros años tras el retorno a la democracia, salen a la luz diversas organizaciones de la sociedad civil enfocadas en visibilizar y presionar por el reconocimiento de la diversidad sexual, varias de ellas se mantienen trabajando hasta la actualidad, poniendo esta agenda en la mirada pública, para no sólo velar por los derechos del colectivo, sino que también para dar visibilidad desde la mirada de los Derechos Humanos.
A nivel cultural, político y social, Chile ha tenido grandes avances en materia de diversidad sexual, posicionándose actualmente como uno de los países de Latinoamérica con mayor nivel de aceptación e inclusión, donde legislaciones como la ley antidiscriminación, el acuerdo de Unión Civil, la Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario forman parte de una institucionalidad política de apoyo a grupos que han sido históricamente discriminados. Pero ¿cuál ha sido el papel de la centroderecha chilena en estos avances?
Hasta el año 2012, la derecha chilena se encontraba compuesta por 2 grandes partidos con una arraigada relación con el conservadurismo y la dictadura militar chilena, partidos que durante los años 90s y 2000s mayoritariamente tenían posturas en contra de los llamados “temas valóricos”, que incluían el reconocimiento de las personas de la diversidad sexual y sus derechos. Pero en el año 2012 se conformó un nuevo movimiento político de centroderecha liberal llamado Evolución Política, que en su declaración de principios afirma defender la libertad de manera “integral”, es decir, tanto “la libertad en lo económico como en lo valórico”, siendo una alternativa para quienes se sienten más representado por estas ideas.
El camino de derechos LGBT en Chile inició en el año 2005 en el gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos, de la coalición de centroizquierda llamada “Concertación”, con la presentación del primer proyecto de una Ley Antidiscriminación que buscaba crear una institucionalidad que vele por el respeto y la no discriminación arbitraria, incorporando dentro de las categorías protegidas a la diversidad sexual. Este proyecto tuvo 7 años de tramitación en el Congreso Nacional, hasta que el 28 de marzo de 2012, ante un trágico y cruel crimen de un muchacho homosexual ocurrido en Santiago, el Ejecutivo liderado por el presidente de centroderecha Sebastián Piñera, pone “suma urgencia legislativa” al proyecto, para terminar siendo promulgado como ley ese mismo año 2012.
Respecto a normas que consideraran el reconocimiento legal de uniones civiles de personas del mismo sexo, recién en 2011, se presenta un proyecto de ley denominado “Acuerdo de Vida en Pareja” por parte de la facción liberal de la coalición de Gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ese proyecto fue promulgado como ley el año 2015, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La norma regula las uniones tanto de parejas del mismo o distinto sexo y sus bienes patrimoniales, creando así la figura legal del Acuerdo de Unión Civil, figura legal distinta del matrimonio, y que solamente se centra en la protección patrimonial y no entrega los derechos ni reconoce a este tipo de uniones de la misma forma que la norma para parejas heterosexuales.
Respecto a la Ley de identidad de género, promulgada el año 2018, y que regula un procedimiento administrativo para cambio de nombre y sexo registral de personas trans sin la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica, esta legislación nace de una iniciativa parlamentaria liderada por la senadora liberal de centroderecha Lily Pérez. El proyecto buscaba visibilizar y entregar herramientas a las personas trans para su inclusión en la sociedad chilena. Esta ley terminó siendo promulgada por el presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato.
Finalmente, la ley que habilita el matrimonio igualitario, que permite a parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adquirir todos los derechos que ellos conlleva en Chile, fue presentado por Michelle Bachelet en los meses previos al fin de su segundo mandato presidencial el año 2017. La tramitación en el Congreso de este proyecto finalmente fue impulsada por la administración del expresidente Sebastián Piñera, quien en su Cuenta Anual a la Nación de junio de 2021 anunció que dará suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario: “llegó el tiempo del matrimonio igualitario en Chile”, dijo en su discurso, generando críticas de sectores conservadores de su propia coalición, aunque, a pesar de ellas, el Ejecutivo impulsó la normativa, que finalmente fue aprobada por el Congreso en noviembre del mismo año.
De esta rápida relación de hechos, es posible evidenciar que contrario a lo que se podría creer, los partidos de centroderecha en Chile sí han sido parte activa de los cambios en materias LGBT. Sin embargo, un importante vacío de la centroderecha chilena se da al no trabajar de forma activa y permanente estos temas desde la mirada del liberalismo, por lo que de una u otra manera ceden los espacios políticos y sociales, los que son tomados por sectores de izquierdas y progresistas, los que finalmente de cara a la opinión pública terminan apropiándose culturalmente de estas temáticas, opacando los hechos concretos y los aportes que la derecha y su defensa de las libertades han generado en los últimos años.
[English version below]
Commitments And Action: How the Chilean Center-Right Has Contributed To Advances In LGBT Rights
Throughout the world, the LGBT community has been part of the historically discriminated groups. Although there are still many countries that penalize same-sex relationships even with death, there is another group of nations, mostly liberal democracies, in which pro-inclusion rights and norms have been established for those of sexual diversities and gender, through cultural recognition and laws that protect them. Chile has not been oblivious to these advances, and although many readers might presume that this has been the sole merit of left wing or progressive governments, in the Chilean case, important legislation and political support have materialized with commitments and concrete actions from the liberal center-right. This article will take a brief review of the history and Chilean legislation on LGBT issues and address the contributions of these political parties to the current situation.
To put into context what the progress in LGBT rights in Chile has meant, it is necessary to indicate that, at a cultural and political level, Chile has a historical-cultural tradition with a strong influence of the Catholic Church in public life. In recent decades, the evangelical church also erupted, as in several Latin American countries, although it has had greater acceptance in the most vulnerable social sectors of society. These influences continue to the present day in political life. Today in Chile, there are congressmen from right-wing parties who identify themselves as representatives of the churches, which means that there is no clear separation between politics and religion.
In Chile, since the 1960s, there has been a political and social persecution of people belonging to the LGBT community, which included physical violence, repression of authority, and ridicule in the media, for “attacking morality and good customs”, legal norms that in practice was used to punish homosexuality, trans people, and in general, any conduct that escaped heteronormative standards. There was no political recognition whatsoever. The story of Rolando Jiménez, a well-known LGBT Chilean activist who was a member of the Communist Party, and who was unable to access internal leadership positions in the Party because he was gay, is known to the public. Already in the 1990s, during the first years after the return to democracy, various civil society organizations came to light, focused on making visible and pressing for the recognition of sexual diversity. Several of these organizations continue to work today, putting this agenda in the public eye, to not only ensure the rights of all individuals, but also to give visibility from the perspective of human rights.
At a cultural, political and social level, Chile has made great strides in terms of sexual diversity, currently positioning itself as one of the Latin American countries with the highest level of acceptance and inclusion. Legislation such as the anti-discrimination law, the Civil Union agreement, the Gender Identity Law and Equal Marriage are part of a political institutionality that supports groups that have historically been discriminated against. But what has been the role of the Chilean center-right in these advances?
Until 2012, the Chilean right was made up of 2 large parties with a deep-rooted relationship in conservatism and the Chilean military dictatorship, parties that during the 1990s and 2000s mainly had positions against the so-called “value issues”, which included the recognition of people of sexual diversity and their rights. In 2012, a new liberal center-right political movement called Evolución Política was formed, which in its declaration of principles affirms to defend freedom in an “integral” way, that is, both “economic freedom and values of freedom”, being an alternative for those who feel more represented by these ideas.
The path of LGBT bills in Chile began in 2005 in the government of socialist president Ricardo Lagos, of the center-left coalition called Concertación, with the presentation of the first bill of an Anti-Discrimination Law that sought to create an institutional framework to ensure the respect and arbitrary non-discrimination, incorporating sexual diversity into the protected categories. This project had stalled in 7 years of debate in the National Congress, until on March 28, 2012, before a tragic and cruel crime against a homosexual boy that occurred in Santiago, the Executive led by the center-right president Sebastián Piñera, put “the utmost urgency legislative” to the project with the law passing that same year.
Regarding norms that consider the legal recognition of same-sex civil unions, it was not until 2011 that a bill called “Life as a Couple Agreement” was presented by the liberal faction of the government coalition of President Sebastián Piñera. This project was turned into law in 2015, in the government of President Michelle Bachelet. The norm regulates the unions of both same and different-sex couples and their patrimonial assets, thus creating the legal figure of the Civil Union Agreement, a legal figure different from marriage, and which only focuses on patrimonial protection and does not provide the rights or recognizes this type of union in the same way as the standard for heterosexual couples.
The Gender Identity Law, promulgated in 2018 regulates an administrative procedure for changing the name and registered sex of trans people without the need to undergo surgery. The law was born from a parliamentary initiative led by the senator of the center-right liberal Lily Perez. The project sought to make trans people visible and provide tools for their inclusion in Chilean society. This law ended up being promulgated by President Sebastián Piñera in his second term.
Finally, the law that enables equal marriage, which allows same-sex couples to get married and acquire all the rights that come with it in Chile, was presented by Michelle Bachelet in the months before the end of her second presidential term in 2017. The processing of this project in Congress was finally promoted by the administration of former President Sebastián Piñera, who in his Annual Account to the Nation in June 2021 announced that he will give great urgency to the equal marriage project: “the time has come for equal marriage in Chile”, he said in his speech, generating criticism from conservative sectors of his own coalition, although, despite them, the executive promoted the bill, which was finally approved by Congress in November of the same year.
From this quick list of facts, it is possible to show that contrary to what one might believe, the center-right parties in Chile have played an active part in the changes in LGBTI+ matters. However, an important gap in the Chilean center-right is given by not working actively and permanently on these issues from the point of view of liberalism, which is why, in one way or another, political and social spaces are ceded and taken over by sectors of leftists and progressives. These groups finally, in the face of public opinion, end up culturally appropriating these issues, overshadowing the concrete facts and the contributions that the center-right and its defense of freedoms have generated in recent years.